Si a usted le preguntaran si está de acuerdo sobre la construcción de un parque eólico, un vertedero que permita tratar su basura, una antena de telefonía celular o un criadero de cerdos, qué respondería?….y si le dijeran que el proyecto se emplazará cerca de su casa, lugar de trabajo o colegio de sus hijos, mantendría su respuesta?

Probado está que la respuesta varía si el aire contaminado es el que a mi en particular me toca cotidianamente respirar, pero, como ocurrió en Freirina hace unos años, esa protesta a veces conlleva ahuyentar la inversión, provocando desempleo y eventualmente aumento de pobreza.

En este orden de cosas, parece esencial, con el ánimo de contribuir, saber quién y con qué criterios se otorgan las licencias para construir y operar proyectos. En lares con sistema de common law (por ejemplo EEUU o UK), su obtención se da en un clima menos formal y de relación más directa entre los involucrados porque el valor de las experiencia (consuetudo) valen como ley. En Chile en cambio, como en toda latinoamerica, porque nos rige el sistema de tradición civil sólo la autoridad oficial está facultada para otorgarlas, por cierto, con amparo a reglas legales ambientales y sectoriales que, en cierto modo, mediatizan y alejan la decisión del ciudadano al constreñir su participación a mecanismos de consulta con –normalmente- insuficiente publicitación, pero también, digámoslo claro, con escaso interés de concurrencia ciudadana preventiva.

Ante la evidencia de un sistema que exige mejoras, es posible decir que desde hace poco más de dos décadas, originada en el mundo de la minería en países más desarrollados, pero hoy expandida a todos los ámbitos productivos y a buena parte del mundo, surge la llamada Licencia Social para Operar (LSO) cuya obtención junto a los permisos legales y económicos constituyen la clave para el éxito de cualquier industria. El concepto se le atribuye al entonces Director de Asuntos Internacionales del Banco Mundial Jim Cooney (1997), pero desde allí el trabajo ha sido ingente, de hecho Gehman y otros en The Canadian Public Administration en su reciente publicación de Junio, informan que entre 1997 y 2003 el concepto –SLO- sólo apareció en menos de 10 artículos especializados por año, entre 2013 y 2015 más de 1.000 veces, y sólo en el año 2016 más de 2.000 (CPA.Vol 60.Junio 2017.Página 293); en el ámbito económico internacional, también hay evidencia clara sobre su aplicación en tanto bancos y la Corporación Internacional Financiera, inversores de proyectos en el mundo, adoptaron los “Principios Ecuador” que impiden financiar proyectos que no cuenten con esa licencia.

En lo medular, la LSO es un tipo de licencia o permiso que surge desde la comunidad organizada (con respeto al orden jurídico) que se obtiene después de un trabajo de legitimación de la idea productiva, en base a actos concretos que otorguen credibilidad de mitigación por parte de la compañía en su quehacer productivo, logrando en definitiva confianza recíproca para la ejecución del proyecto.

Desde el 2003 en Rio Blanco, norte de Perú, se encuentra paralizado un proyecto de cobre muy auspicioso en su origen, entonces, parece sensato intensificar el trabajo de obtención de la LSO avanzando incluso hacia una cultura de coidentificación en torno a nuestros nuevos proyectos.